El futuro de la Ley No Child Left Behind y el estudiante del idioma inglés

Article published in La Prensa – San Diego, CA

Para quienes trabajan en las políticas públicas y el público lector de la prensa, el actual debate acerca de cuáles son las mejores políticas para la educación norteamericana ha evolucionado hacia el referéndum de una sola vasta ley federal –la “No Child Left Behind” (NCLB, por su sigla en inglés). La decisión acerca del futuro de esta ley, será el asunto educativo más difícil e importante para Washington, en el tiempo que falta para las próximas elecciones nacionales.

Se escucha repetidamente, que una de las áreas de la ley que mayores cambios necesita, es la referente a los requisitos de puntaje en exámenes, para los estudiantes en aprendizaje del idioma Inglés. Los Congresistas frecuentemente comentan que este tema es el que más escuchan de educadores y otras personas relacionadas con las escuelas públicas y sus distritos educativos.

De las alternativas propuestas hasta ahora, prácticamente todas resultarían en menor capacidad de medir la responsabilidad sobre los resultados académicos de este importantísimo grupo de estudiantes. Aunque estas alternativas claramente ofrecen algo de alivio en relación a los requisitos históricos de la ley, respecto a los puntajes necesarios en los exámenes, cualquier enfoque que evalúe la responsabilidad en dos niveles, traerá más daño que beneficio a estos estudiantes y a sus posibilidades de éxito en el futuro.

La ley NCLB puso al estudiante que está en su etapa de aprendizaje del inglés bajo el mismo paraguas de la responsabilidad nacional educativa; incluso permitiendo a los niveles estatales, bastante flexibilidad para utilizar un amplio rango de formas especiales de exámenes, que más y más estados han comenzado a utilizar.

Tal como lo describe un reciente informe del Consejo Nacional de La Raza, “Antes de la ley NCLB…. existía muy poca o ninguna forma de evaluar la responsabilidad por el aprendizaje de estos estudiantes. La mayor parte de los estados, no incluía a los estudiantes en etapa de aprendizaje de inglés dentro de su sistema de evaluación de responsabilidad de resultados.”

Como resultado de ello, los programas de educación bilingüe resultaron convirtiéndose en caminos educativos de segundo nivel. Las materias que se enseñaban en la clase, eran versiones “diluidas” de lo que se enseñaba a los alumnos en el sistema principal de educación. Los estudiantes en las clases de educación bilingüe, tenían más probabilidades de abandonar la escuela, que de aprender el inglés con excelencia. En muchos estados, esta situación aún se mantiene. Sin embargo, los alumnos están aprendiendo a dominar el inglés en números cada vez más altos, en todo el país.

La problemática referente a los estudiantes en etapa de aprender el inglés, en las escuelas públicas de EEUU, frecuentemente es tratada como un problema de inmigración, cuando en realidad, 3 de cada 5 estudiantes han nacido en los EEUU, y 1 de cada 5 son hijos de padre y madre nacidos en los EEUU.

Si las reglas que obligan a evaluar la responsabilidad en el ámbito de la etapa de aprendizaje del inglés se relajan, se estaría sentando la peligrosa base para una nueva forma de segregación, con fondos federales. Las escuelas tendrían que sobre-identificar a los estudiantes de inglés, y mantenerlos en un plano separado, aislados de la posibilidad de evaluar el grado de responsabilidad con el que se logran resultados. Esto incluye incentivos económicos (mayores fondos por estudiantes, para aquellos designados como en etapa de aprendizaje de inglés), así como incentivos en el sistema de exámenes (las notas de los exámenes valdrían poco o nada).

Antes de la NCLB, bajo la vieja Ley de Educación Bilingüe, los dineros federales financiaban programas enteros donde ni un solo estudiante demostraba avances hacia el dominio del inglés. Las escuelas recibían fondos directamente de Washington, bajo un programa de subsidios por competencia, que ya no existe. El progreso académico generalmente era escaso, y las escuelas practicaban una omisión selectiva, a tiempo de presentar el poco progreso que se lograba. La “Regla del 95 Por ciento” del NCLB, ahora requiere que las escuelas reporten resultados estandarizados de 95% de los exámenes de estudiantes aprendiendo inglés, junto a los otros estudiantes regulares.

En California, donde un tercio de los estudiantes del nivel básico, están aprendiendo inglés, esta tendencia adquiere mayor relevancia. En todo el estado, solamente 9.6% fueron reclasificados exitosamente entre 2005-06. Aunque los totales sean aun alarmantemente bajos, estas cifras demuestran progreso consistente, ya que un 7.7% fueron reasignados con éxito entre 2002-03. Estos 32,000 estudiantes tendrán ahora una probabilidad mucho más alta de graduarse con un diploma de secundaria, con éxito académico y un mejor futuro más allá de la secundaria.

Este principio se mantiene para todos los estudiantes de inglés en el país. Por ejemplo, Florida y New Jersey, que tienen grandes poblaciones aprendiendo inglés, presentan índices de transición de 29 y 32 por ciento, respectivamente; muy por encima de California.

Mientras los encargados de las políticas públicas en Washington discuten el futuro de la ley “No Child Left Behind”, sin duda, reciben presión de los sindicatos de profesores y otros intereses, para que los requisitos se hagan menos rígidos -y las escuelas puedan mostrar resultados. Hacer esto a costa de la gente que está en el proceso de aprendizaje de inglés, significaría un caro retroceso.

Don Soifer es un analista educativo en el Lexington Institute in Arlington, Virginia.

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English Language Learners and the Future of NCLB

Don Soifer

For policymakers and newspaper readers alike, the debate over the best policies for American public education has evolved into a referendum on one, vast federal law – The No Child Left Behind Act (NCLB). Deciding its future will be Washington’s most important, and most difficult, education business between now and the next national elections.

It is commonly heard that one of the areas of the law in greatest need of change is the test score requirements for English learners. Members of Congress often say it is what they hear most frequently from educators and others connected with the public schools in their districts.

Of the alternatives proposed so far, nearly all would result in less accountability for academic results for this crucial group of students. While ostensibly offering schools some relief from the law’s historic testing requirements, creating such a two-tiered accountability approach would do more harm than good to these students and their chances for future academic success.

NCLB brought the nation’s English learners under the mainstream umbrella of educational accountability. It still allows states substantial flexibility to allow a broad range of special testing accommodations, which most states have begun to use more frequently.

As a recent report by the National Council of La Raza described it, “Prior to NCLB…. little to no accountability for the learning of these students existed. Most states did not include English Language Learners in their accountability systems.”

As a result, federally-funded bilingual education programs became segregated, second-tier education tracks. Classroom learning was often watered-down from what was being taught mainstream students. Students placed in bilingual education classes were often more likely to drop out of school than to become proficient in English. Even now, in many states they still are. But the rates at which English learners are becoming proficient in English are beginning to improve in school districts across the nation.

The struggles of English learners in U.S. public schools are often treated as an immigration issue. But three out of five are born in the United States, and one in five are the children of parents born in this country.

Relaxing accountability rules for English learners would lay a dangerous foundation for a new, federally-sponsored segregation system. Schools would have strong incentives to overidentify children as English learners, and to keep them on a separate track insulated from accountability for results. This includes financial incentives (with higher per-pupil funding for students designated as English learners) as well as testing incentives (their test scores would count less, if at all).

Before NCLB, under the old Bilingual Education Act, the federal government funded entire bilingual education programs in which not a single child demonstrated any measurable progress toward English proficiency. School districts received funding directly from Washington under a competitive grant system that no longer exists. Academic progress was usually scant, and schools often practiced selective omission of test scores for what modest progress they did report. NCLB’s “95 Percent” rule now requires that states report standardized test scores for 95 percent of English learners, along with other subgroups of students.

In California, where one-third of all elementary school students are English learners, these trends hold even greater importance. Statewide, only 9.6 percent of English learners were successfully reclassified during the 2005-06 year as proficient in English. This represents steady, significant progress since 7.7 percent were redesignated during the 2002-03 school year, even if the totals are still alarmingly low. But those additional 32,000 students will now have a much better chance of graduating high school with a diploma, succeeding academically, and meeting greater success after high school.

This principle holds true for English learners around the nation. Florida and New Jersey, for example, also have large EL populations, but have transition rates of 29 and 31 percent respectively, far above California’s.

As Washington policymakers debate the future of the No Child Left Behind Act, they certainly face pressure from teacher unions and other established education interests to relax requirements for schools to show results. To do so at the expense of our nation’s English learners would be a costly step backward.

Don Soifer is an education analyst with the Lexington Institute in Arlington, Virginia.