El Sueño Americano postergado – The American Dream Deferred

Diario Las Americas (Miami, FL)

EE.UU. necesita arreglar su deteriorado sistema de enseñanza del inglés

English translation follows

Perdidos en medio del bullicio por el debate sobre inmigración que está teniendo lugar en la nación se encuentran los intereses de 23 millones de estadounidenses adultos que no saben hablar inglés adecuadamente. Aunque la mayoría de estos adultos son extranjeros de nacimiento (20 millones), otros 3 millones son ciudadanos nacidos en Estados Unidos, clasificados con una “Competencia Limitada en Inglés”. Y nuestro sistema de programas federales, que podría ayudarlos a aprender inglés, está seriamente deteriorado.

El inglés les atañe a estos adultos. Para los latinos adultos, el domino limitado del inglés contribuye directamente a que abandonen los estudios y sufran una pérdida salarial de $3,000 anuales – costándole a la economía de Estados Unidos un total de $38,000 millones anuales. Pero la competencia en inglés puede ser tan vital y básica como el que los padres puedan comunicarse con profesores y médicos acerca del bienestar de sus hijos: La gran mayoría de inmigrantes se sienten muy motivados para aprender inglés.

Sin embargo, según el Departamento de Educación de Estados Unidos, entre los años 2007 y 2010, sólo el 40% de los que se matricularon en un curso financiado o administrado con fondos públicos mejoró su competencia en inglés. El 60% restante o bien lo dejó o no progresó. La mayoría de programas públicos ni siquiera recoge datos sobre su efectividad ni en qué se gastan los fondos federales y estatales.

En 2009, un estudio de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) halló que la enseñanza del inglés para adultos carece de un enfoque basado en datos empíricos. Según la GAO, el no tener que responder por la gestión conduce al fracaso – un fracaso que cuesta muchísimo a los contribuyentes así como a los estudiantes adultos, muy especialmente a los inmigrantes.

¿Por qué no están funcionando estos programas? La culpa recae principalmente en los programas públicos diseñados para enseñar inglés: no satisfacen las necesidades de los estudiantes adultos que los cursan. Y puesto que el dinero público fluye independientemente de los resultados, si acaso los supervisaran, no hay incentivos para adaptar estos programas o adoptar mejores prácticas.

Si los legisladores realmente tienen interés en la asimilación de los inmigrantes, deberían recurrir a mejores prácticas, en las que el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro están siendo pioneros. A diferencia de los programas públicos, las organizaciones comunitarias tienen la obligación de responder por su gestión ante sus estudiantes y donantes. La implementación de buenos sistemas de responsabilidad en la gestión, especialmente en lo que respecta a la fiabilidad de los datos, ha producido impresionantes resultados para muchas de estas organizaciones.

Para organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro como el Centro de Enseñanza Puente, de Los Ángeles, la base de su enfoque ha sido saber adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. De acuerdo a su director ejecutivo, Luis Márquez: “Establecemos la situación de los alumnos evaluando sus habilidades, luego diseñamos un programa basado en sus puntos fuertes y apuntalamos sus capacidades para que vayan tan lejos y tan rápido como quieran”.

El modelo de enseñanza Puente, denominado enseñanza híbrida, utiliza flexibles lecciones y evaluaciones informáticas que ayudan a multiplicar el efecto del empeño de los profesores de Inglés como Segundo Idioma (ESL) al proporcionarles datos útiles y puntuales para identificar las debilidades de los estudiantes y centrar su atención en ellas. Sólo en el año 2005, el 85% de los estudiantes adultos de Puente mejoró su competencia en inglés, en comparación con el 40% como resultado promedio de los programas públicos de ese mismo año.

Otro modelo prometedor es el de las escuelas chárter para adultos, como la Escuela Pública Chárter Internacional Carlos Rosario, de Washington D.C. El modelo de Rosario divide el plan de estudios en cursos de 10 niveles y los puestos se asignan según los resultados de rigurosas pruebas de competencia tanto en lectura como en escritura. Una vez asignados a un nivel, los estudiantes de Rosario reciben lecciones individualizadas y con objetivos determinados según sus necesidades y fines específicos, en contraste con los planes de estudios de modelo único que ofrecen los programas públicos.

Rosario incentiva el aprendizaje estudiantil ofreciendo a sus alumnos programas de preparación laboral una vez que alcanzan un nivel concreto de competencia en inglés y entre los que se incluyen programas de reparación de computadoras, culinarios y de auxiliar de enfermería. Este tipo de enfoque está haciendo que un 87% de los alumnos de Rosario en los niveles 1 y 4 pasen sus respectivos exámenes de competencia y avancen al siguiente nivel. Otra característica fundamental de las escuelas chárter para adultos como la de Rosario es la obligación de tener que rendir cuentas. Si los resultados son insatisfactorios, los estudiantes buscarán otras opciones mejores. Es más, hay sistemas de supervisión en vigor que eliminan el suministro de dinero del contribuyente cuando una escuela chárter ya no cumple con las necesidades de la comunidad.

Rosario y Puente no están solos, pues una gran número de organizaciones sin ánimo de lucro y del sector privado están logrando éxitos similares, ayudando a los estudiantes en edad adulta a alcanzar su competencia en inglés. Los responsables políticos harían bien prestando atención a estos programas – fundamentados en la obligación de rendir cuentas, en una rigurosa recogida de datos y, lo más importante, en el deseo y la flexibilidad de satisfacer cualesquiera que sean las necesidades del alumno adulto.

Antes de afianzar aún más el sistema público de ESL con más fondos y mandatos, los responsables políticos deberán reformar el deteriorado sistema. El dinero del contribuyente se debería canalizar hacia organizaciones comunitarias que estén teniendo éxito en sus programas. Todos los estadounidenses, especialmente los alumnos de inglés y las comunidades de inmigrantes, saldrían ganando.

Lost amid the din of the nation’s immigration debate are the best interests of 23 million US adults who cannot speak English adequately. Although most of these adults are foreign-born (20 million), another 3 million are US-born citizens who are classified as Limited English Proficient. And our system of federal programs to help them learn English is badly broken.

For these adults, English matters. For Latino adults, limited English directly contributes to dropping out of school and $3,000 in lost wages each year – costing the US economy a total of $38 billion annually. But English proficiency can be as vital and basic as parents communicating with teachers and doctors about their child’s well-being: most immigrants are highly motivated to learn English.

But according to the US Department of Education between 2007 and 2010, only 40% of those enrolled in a government-funded or administered course improved their English proficiency. The remaining 60% either dropped out or did not advance. Most government programs do not even collect data on their effectiveness and where federal and state funds are spent.

In 2009, a Government Accountability Office (GAO) study found that there is no evidenced-based approach to teaching English to adults. According to GAO, the lack of accountability in these programs leads to failure – a failure that costs taxpayers and adult learners, especially immigrants, a great deal.

Why aren’t the programs working? The blame falls primarily on the government programs designed to teach English –they don’t meet the needs of adult English learners. Since the government dollars flow regardless of outcomes, if they are even tracked, the programs have no incentive to adapt and adopt best practices.

If lawmakers are keen to assimilate immigrants, they should look to best practices being pioneered in the non-profit and private sector. Unlike government programs, community-based organizations are held accountable by their students and donors.

Well-implemented accountability systems especially reliance on data have produced impressive results for many of these organizations.

Community-based non-profits like Los Angeles’ Puente Learning Center have made accommodating its students the center of their approach. For CEO Luis Marquez, “We meet the learner where he or she is by assessing their skills, then design a program based on their strengths, and support their ability to go as far and as fast as they choose.”

Puente’s instructional model called blended learning uses computer adaptive lessons and assessments help multiply the efforts of English-as-a-Second Language (ESL) teachers by giving their useful and timely data to identify student’s weaknesses and focus their attention there. In 2005 alone, 85% of Puente’s adult English learners advanced in proficiency compared to the government average of 40% that year.

Another promising model is adult charter schools like Carlos Rosario International Public Charter School in Washington, DC. Under Rosario’s model, the curriculum is divided into 10 course levels where student placement is based on rigorous testing of both reading and writing proficiency. Once assigned to a level, Rosario’s students receive individualized and targeting lessons based on their specific needs and goals in contrast with the one-size-fits-all curriculum of government-run programs.

Rosario incentivizes student learning further by offering workforce training programs to students once they reach a specified level of English proficiency including computer repair, culinary and nurse’s aide programs. The approach is working as 87% of Rosario’s students in levels 1 and 4 passed their respective proficiency exams and advanced to the next level. Another crucial characteristic of adult charter schools like Rosario is accountability. If outcomes are insufficient, students will seek out better options. Moreover, oversight systems are in place to withdraw taxpayer dollars when a charter school no longer meets the needs of the community.

Rosario and Puente are not alone as a myriad of non-profit and private sector organizations are achieving similar success in helping adult learners gain English proficiency. Policymakers should take heed – these programs are built on accountability, rigorous data collection and most importantly a desire and flexibility to meet the adult learner where he or she is.

Before further entrenching the government-run ESL system with more funding and mandates, policymakers must reform the broken system. Tax dollars should flow to community-based organizations that are achieving success. All Americans, especially English learners and immigrant communities, would be better off.